Editorial
Luces y sombras de las revocatorias
Siguiendo
la moda de adatar a nuestro ordenamiento político toda moda que viene de los
“países adelantados” se pone en vigencia la posibilidad de revocar las
autoridades elegidas mediante un proceso de revocatorio.
Es
decir, si a la población le parece que una persona elegida para cualquier
mandato vía elecciones (presidente del país, gobernador, etc.), no cumple sus
funciones de manera adecuada, esta puede ser suspendida de sus funciones
mediante un procedimiento que posibilitaría una nueva consulta para designar
nuevas autoridades.
Así
quedaría refrendada la legitimidad de todo un sistema político y quedaría
garantizada la fuerza de la voluntad popular. Esas disposiciones, cuando se
quedan en el papel, dan la impresión de Bolivia como uno de los pauses más
democráticos y “adelantados” en sus instituciones. Sin embargo, cuando se
quieren poner en práctica, se evidencia su incapacidad de desarticular un
sistema político heredado desde la Colonia y que no es posible transformarlo si
no es sustituyéndolo radicalmente.
El
Tribunal Supremo Electoral, TSE, ha determinado que las solicitudes de
revocadora que fuesen admitidas –hasta el momento han sido admitidas la
demandas de revocatoria contra la alcaldesa de El Alto Eva Copa y contra el
presidente y vicepresidente de Bolivia, Luis Arce y David Choquehuanca– debe
cumplir una serie de requisitos para ser implementadas. Estos requisitos son
especialmente presentar en siete días libros firmas y huellas dactilares de
personas que apoyen el proceso. Estos libros deben ser impresos y aperturados
con notario de fe pública. Una vez presentados los libros se hace la
verificación para contrastar si son las mismas firmas registradas en el padrón
biométrico.
En el
caso de revocatoria a presidente y vicepresidente se requiere el 25% de firmas
del total de personas registradas en el padrón biométrico; es decir, 1.782.769
rúbricas, de 7.131.075 personas que participaron en las últimas elecciones
nacionales.
Dadas
las condiciones estructurales del país –contando incluso con los medios
materiales necesarios–, recaudar en siete días esa cantidad de formas es
difícil. Más difícil es pasar la verificación de firmas por el TSE. Es decir,
todas las posibilidades están abiertas para que dependa del TSE aceptar o no
una revocatoria y para que nada tenga que ver en esa decisión una posible
voluntad popular en el país, así mayoritaria podría ser ésta.
Es
posible que esta, como otros recursos “democráticos” sirvan solo para camuflar
la necesidad de una transformación radical de las estructuras institucionales
en el país. El tiempo nos dirá si estamos errados en esta nuestra
apreciación.
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